Con el objetivo de acelerar la expulsión de inmigrantes de Estados Unidos, el presidente Donald Trump está considerando la aplicación de una ley de más de dos siglos de antigüedad, según informan medios locales.
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, otorga al presidente la facultad de ordenar la detención o deportación de ciudadanos de naciones que se consideren hostiles, sin requerir una audiencia judicial.
Fuentes cercanas a la administración indican que el anuncio de esta medida podría hacerse este viernes, lo que fortalecería las políticas migratorias de Trump, quien ha colocado la seguridad en la frontera como un pilar fundamental de su mandato.
La posibilidad de utilizar esta legislación ha sido objeto de discusión en múltiples ocasiones dentro del gobierno, alineándose con su compromiso de campaña de adoptar medidas más contundentes contra la inmigración.
El propio Trump aludió a esta estrategia durante su discurso inaugural el 20 de enero, afirmando: “Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, instruiré a nuestro gobierno para que emplee el pleno y vasto poder de la ley federal y estatal para erradicar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores a nuestro suelo”.
Aunque no se han publicado detalles específicos, la implementación de esta medida podría no limitarse únicamente a quienes atraviesan la frontera sur, sino que también podría aplicarse a otros extranjeros en territorio estadounidense.
Un caso que ha generado polémica es el del palestino Mahmoud Khalil, acusado de mantener vínculos con Hamás, cuya posible deportación ha originado manifestaciones en Nueva York en los últimos días.
La última ocasión en que se utilizó esta ley fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se ordenó la detención de ciudadanos estadounidenses de origen japonés, un episodio que recibió amplias críticas por su naturaleza discriminatoria.
