Google ha puesto en pausa proyectos para ampliar su capacidad de computación en España y una inversión de miles de millones de dólares, según publicó El Mundo. La decisión llega mientras el Gobierno prepara un Real Decreto que fijaría nuevas condiciones ambientales y energéticas para los centros de datos.
El proyecto más señalado es la estación en Cantabria vinculada al cable submarino Sol, que conectará Santander con Florida. La compañía espera a conocer las reglas definitivas antes de decidir cómo seguir, en un momento en que la demanda de potencia informática para inteligencia artificial crece y otros países europeos compiten por atraer estas instalaciones.
Qué proyectos de Google quedan en suspenso
La información publicada atribuye a Google la suspensión de planes para aumentar su capacidad de cómputo en España y de la inversión asociada, valorada en miles de millones de dólares. La pausa no significa que la empresa haya abandonado el país ni que todos sus servicios españoles vayan a cambiar: el motivo que se describe es la incertidumbre sobre el marco regulatorio que aún prepara el Ejecutivo.
Google ya contaba con capacidad en Madrid mediante servidores alojados en centros de datos de terceros. El proyecto que aparece como más directamente afectado es una instalación prevista en Cantabria para el cable submarino Sol, en una parcela de casi 6.000 metros cuadrados, según la información citada sobre la solicitud de licencia de obra.
Sol está concebido para unir Santander y Florida. La estación en tierra sería una pieza del sistema: los cables submarinos transportan datos entre continentes y necesitan instalaciones costeras para conectarse con las redes terrestres. La fuente no detalla qué cambios concretos implicaría la pausa para el calendario del cable ni si la obra se cancelará; por ahora, el punto central es que Google espera a conocer la normativa.
Conviene distinguir, por tanto, entre una inversión paralizada temporalmente y una retirada definitiva. Lo comunicado es una suspensión a la espera del decreto, no una cancelación confirmada. Tampoco se precisa cuánto dinero exacto corresponde a los planes españoles ni qué parte se destinaría a cada instalación.
El decreto plantea una exigencia energética exigente
El borrador del Gobierno propone que los centros de datos cubran el 80% de su consumo con nuevas fuentes de energía renovable. Además, el requisito se comprobaría hora a hora, en lugar de calcularse como una media anual.
La diferencia tiene consecuencias prácticas. Un balance anual puede compensar periodos de bajo suministro renovable con otros de mayor producción; una obligación horaria exige que la energía renovable disponible acompañe al consumo en cada tramo temporal. Para instalaciones que requieren electricidad de manera continua, cumplir esa condición podría requerir nuevas fuentes de suministro y una planificación más compleja.
La patronal SpainDC, de la que Google es asociada, sostiene que algunas iniciativas resultarían mucho más caras o incluso inviables si se aprueba el texto en su forma actual. La organización también ha advertido de que las exigencias podrían desviar inversiones a otros países. Es una posición del sector afectado; el debate del Gobierno, por su parte, se centra en evitar que la expansión de grandes consumidores energéticos contribuya a encarecer la factura eléctrica.
La presión sobre la red eléctrica y la escala de la demanda
La discusión regulatoria coincide con una rápida expansión prevista de la infraestructura digital. Según las cifras recogidas en la información, la CNMC contabiliza alrededor de 12 gigavatios en permisos de acceso ya concedidos para centros de datos. La Estrategia de Inteligencia Artificial, en cambio, contemplaba un máximo de 4 gigavatios para 2030.
Las cifras no describen exactamente lo mismo: los permisos concedidos no equivalen necesariamente a instalaciones ya construidas y en funcionamiento, mientras que el dato de la Estrategia es una previsión. Aun así, muestran la escala de las solicitudes y explican por qué el Ejecutivo quiere establecer condiciones sobre el uso de la energía antes de que se materialicen todos los proyectos.
Un centro de datos concentra servidores que procesan y almacenan información. Su actividad requiere electricidad para alimentar los equipos y mantenerlos operativos; también necesita sistemas de refrigeración. Por eso, al valorar nuevas instalaciones, el debate no se limita a la inversión inicial: incluye la disponibilidad de energía, su origen y el efecto que una demanda elevada podría tener sobre el sistema eléctrico.
En este contexto, Google ha reconocido que la demanda de servicios de inteligencia artificial supera su capacidad actual de computación. Alphabet, su matriz, elevó su previsión de gasto para el año a una horquilla de entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. Esa cifra corresponde al gasto previsto por Alphabet en conjunto, no a la inversión española que ha quedado en pausa.
Finlandia compite por las inversiones de Google
La paralización en España contrasta con la apuesta de Google por Finlandia. En septiembre, la compañía anunció una inversión de 13.000 millones de euros en ese país, descrita como la mayor de su historia en Europa. También se aseguró allí suministro energético, incluida una central nuclear, según la información publicada.
El contraste ayuda a entender por qué la regulación y la energía pesan en la ubicación de los centros de datos. Las empresas necesitan capacidad de cómputo, pero también un suministro suficiente y condiciones que les permitan calcular los costes y los plazos. La información sitúa al norte de Europa, con Finlandia como ejemplo destacado, como un polo que ya concentra proyectos, mientras el sur europeo todavía tiene menos presencia en el mapa de Google.
España, por su parte, también busca atraer inversiones digitales. Amazon tiene comprometidos 33.700 millones de euros en Aragón hasta 2035, según la ficha de la compañía citada en la información. Esa inversión no es de Google y no debe confundirse con los proyectos que esta última mantiene en pausa. Sí muestra que la competencia por los centros de datos afecta a varias tecnológicas y territorios.
Una negociación abierta y un calendario ajustado
La discusión sobre el decreto no está cerrada. El texto había recibido más de 600 alegaciones y todavía debía pasar el examen del Consejo de Estado. El Gobierno aspiraba a aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre, una fecha que dejaba un margen de tiempo limitado para revisar el borrador.
La CNMC pidió flexibilizar varias exigencias. En su informe, advirtió de que, con el texto planteado, podría peligrar entre el 80% y el 90% de la nueva inversión. La estimación refleja el riesgo señalado por el organismo y no significa que esa proporción de proyectos ya se haya cancelado.
El Ejecutivo también había dejado abierta la posibilidad de suavizar algunas condiciones si los centros de datos no elevan el precio de la electricidad. Esa posibilidad mantiene la negociación entre dos objetivos: permitir que se instale nueva infraestructura digital y evitar que la demanda asociada agrave la presión sobre la red o sobre los recibos de los consumidores.
En paralelo, Google y otras tecnológicas han trasladado sus argumentos a las instituciones europeas y españolas. Según publicó El Confidencial, Kent Walker, responsable global de asuntos públicos de Google, se reunió el 8 de octubre con el presidente de la CNMC. El regulador afirmó que hablaron sobre competencia, no sobre el decreto. La reunión, por tanto, no demuestra por sí misma que se negociara la norma.
Qué puede pasar con la inversión española
El siguiente paso depende del contenido definitivo del Real Decreto y de cómo se apliquen sus requisitos. Si el texto cambia, las empresas podrán valorar de nuevo los costes y las condiciones de sus proyectos. Si se mantiene una obligación difícil de cumplir, SpainDC teme que parte de las inversiones se traslade a otros mercados.
Para Google, la cuestión no es solo construir una estación para el cable Sol. La capacidad de computación es un recurso necesario para ofrecer servicios digitales y responder al crecimiento de la inteligencia artificial. Una infraestructura más limitada en España podría influir en dónde se alojan y procesan ciertos recursos, aunque la información disponible no permite afirmar qué servicios concretos se verían afectados ni cuándo.
El caso deja una decisión pendiente para las autoridades: cómo equilibrar la atracción de inversiones con los límites energéticos y ambientales. Para las empresas, mientras tanto, la señal regulatoria resulta clave antes de comprometer grandes cantidades de capital. Por eso, la pausa de Google debe leerse como una espera ante reglas todavía en elaboración, no como una decisión definitiva sobre su futuro en España.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha pasado con Google en España?
Según publicó El Mundo, Google ha pausado proyectos para ampliar su capacidad de computación en España y la inversión asociada, mientras espera conocer el Real Decreto sobre centros de datos. El proyecto más afectado sería la estación cántabra vinculada al cable submarino Sol.
¿Qué pasó con la inteligencia artificial de Google?
La información indica que la demanda de inteligencia artificial supera la capacidad de cómputo actual de Google. Alphabet elevó su previsión de gasto anual a entre 195.000 y 205.000 millones de dólares, aunque esa cifra corresponde a la matriz y no solo a España.
¿Qué empresa de Google hay en España?
La información no identifica una filial concreta de Google en España. Sí señala que la compañía dispone de servidores alojados en centros de datos de terceros en Madrid y que había un proyecto para una estación del cable Sol en Cantabria.
¿Qué exige el borrador del decreto a los centros de datos?
Propone que cubran el 80% de su consumo con nuevas fuentes renovables y que el cumplimiento se mida hora a hora, no como promedio anual. El texto todavía estaba sujeto a alegaciones y revisión.
¿Está cancelado el proyecto del cable Sol?
No hay una cancelación confirmada en la información disponible. Se describe una pausa mientras Google espera conocer la normativa definitiva; no se especifica una nueva fecha para la obra ni para el proyecto.
